Rafael Amargo era detenido el pasado 1 de diciembre de 2020 cuando abandonaba la casa de sus padres y después de concluir el ensayo de Yerma, obra que tenía previsto estrenar dos días después en el Teatro de la Latina. Agentes de la brigada de estupefacientes de la comisaría del distrito de Centro habían estado durante 8 meses investigando al bailarín y a su círculo, como supuestos autores de un delito de tráfico de estupefacientes a baja escala, siendo también arrestados su actual pareja, Luciana, el productor de la obra de teatro, Eduardo de los Santos, y su asistente.
Justo cuando se va a cumplir un año de esta operación, Juan Ramón Reig Purón, titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, ha concluido la investigación contra el bailarín, su mujer y sus dos socios. El juez dictaba este lunes un auto de ocho folios en el que asegura haber indicios suficientes para acusar a los cuatro investigados como supuestos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a grupo criminal. El magistrado apunta que la vivienda del artista y su pareja era el lugar donde se realizaba la venta de estupefacientes, aunque también se les proporcionaba a los clientes en sus propios domicilios o a través de "mulas", con traslados a pies o contratando los servicios de Uber.
Los cuatro investigados, que tenían “un reparto de funciones concertado y coordinado”, actuaban “de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros”, según este escrito judicial, que narra al detalle cómo actuaban a la hora de hacer la venta: “Los compradores accedían [al domicilio de Rafael Amargo y Luciana] tras pulsar el botón del portero automático correspondiente o bien realizar una llamada telefónica. Tras permanecer unos minutos en el domicilio, salían del inmueble portando la sustancia adquirida, que por la cantidad intervenida en los supuestos en que fueron interceptados, excedía de la que puede considerarse para autoconsumo”.
Este escrito judicial, contra el que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, establece que Amargo “desempeñaba el rol de cabecilla del entramado, encargándose de la compra de cantidades de mediana envergadura de sustancias estupefacientes para abastecer al grupo de esta mercancía ilícita destinada a su tráfico”. En el registro de su vivienda, la policía halló 100 gramos de metanfetaminas, 40 gramos de ketamina y tres botes de Popper, entre otras sustancias, según informaron fuentes de la investigación.